Ecuador enfrenta un mercado ilícito que habría alcanzado el 83,6 % del consumo, mientras Australia revisa su estrategia ante una crisis que convirtió al contrabando de tabaco en un problema económico, sanitario y de seguridad.

Hay mercados ilegales que se esconden en las sombras y otros que alcanzan dimensiones capaces de alterar una economía. El comercio ilícito de cigarrillos pertenece cada vez más al segundo grupo.

En Ecuador, 83,6 % de los cigarrillos consumidos durante 2025 habría provenido del mercado ilícito, según el estudio de KPMG citado en la información que sustenta este reportaje. Esto representaría aproximadamente 1.500 millones de cigarrillos fuera de los canales legales y una pérdida tributaria estimada en USD 312 millones.

Traducido a una imagen mucho más sencilla: más de ocho de cada diez cigarrillos consumidos habrían escapado del mercado formal.

Y detrás de ese porcentaje aparece una discusión que va mucho más allá del tabaco.

Australia: cuando el mercado negro deja de ser solamente contrabando

A más de 13.000 kilómetros de Ecuador, Australia atraviesa su propio debate.

Durante décadas, el país aplicó una de las políticas tributarias sobre tabaco más exigentes del mundo. En marzo de 2026, el impuesto especial equivalía aproximadamente a AUD 1,53 por cigarrillo, mientras que en septiembre de 2025 el componente tributario representaba alrededor del 71,5 % del precio de una cajetilla popular de 20 unidades

Pero el crecimiento del comercio ilegal ha obligado al país a reconsiderar parte de su estrategia.

Una investigación del Senado australiano examinó expresamente la dimensión del mercado ilícito, su relación con organizaciones criminales transnacionales, las pérdidas fiscales, sus efectos sanitarios y la violencia vinculada a estas operaciones. 

Su informe de agosto de 2026 recomendó pausar nuevos incrementos del impuesto especial al tabaco, evaluar una reducción dentro de una estrategia más amplia y someter el nivel tributario a una revisión independiente. También propuso modernizar los controles fronterizos, fortalecer la fiscalización y desarrollar campañas de educación pública.

Pero esto debe entenderse como una recomendación de un comité parlamentario, no como una conclusión científica universal ni como una política ya adoptada íntegramente por Australia.

De hecho, el país está actuando también por otra vía. El 26 de agosto entró en vigor la Combatting Illicit Tobacco Act 2026, que modifica legislación relacionada con aduanas, impuestos, telecomunicaciones y recuperación de activos procedentes del delito para fortalecer la respuesta frente al comercio ilícito.

La discusión australiana, por tanto, no se resume en “bajar impuestos”. Es mucho más amplia: precio, prevención, salud pública, fronteras, persecución penal y crimen organizado están ahora dentro de una misma ecuación.

Ecuador: una cifra que merece atención

El caso ecuatoriano adquiere todavía mayor relevancia cuando se observa el panorama general del comercio ilícito.

El Índice de Comercio Ilícito 2025 de TRACIT sitúa a Ecuador en el puesto 113 entre 158 países evaluados. El organismo identifica dificultades para controlar intermediarios a lo largo de las cadenas de suministro, fragmentación de los controles y problemas de aplicación efectiva de las normas. 

TRACIT advierte, además, que el comercio ilícito tiene consecuencias que trascienden la pérdida tributaria: expone a consumidores a mercancías no reguladas, perjudica a empresas formales y permite que redes criminales obtengan recursos que pueden terminar vinculados con otras actividades ilegales.

Eso cambia completamente la lectura de los USD 312 millones que Ecuador habría dejado de recaudar.

No estamos hablando únicamente de dinero que no ingresó a las arcas públicas.

Estamos hablando de recursos que podrían financiar políticas públicas mientras una parte de la economía se desplaza hacia circuitos que operan al margen de la regulación.

PLAYDATOS | Los números detrás del humo

  • 83,6%: del consumo ecuatoriano de cigarrillos durante 2025 habría correspondido al mercado ilícito, según el estudio de KPMG citado.
  • 1.500 millones
    de cigarrillos habrían circulado aproximadamente fuera del mercado legal ecuatoriano.
  • USD 312 millones: sería la pérdida de recaudación tributaria estimada para Ecuador durante 2025.
  • 113 de 158: es la posición de Ecuador en el Índice de Comercio Ilícito 2025 de TRACIT.
  • 31,9 %: del mercado de cigarrillos de América Latina y Canadá habría correspondido al consumo ilícito en 2025, de acuerdo con las cifras de KPMG proporcionadas para este reportaje.
  • 77.000 millones: de cigarrillos ilícitos habrían sido consumidos en los mercados regionales analizados.
  • USD 8.500 millones: serían las pérdidas tributarias estimadas para los gobiernos estudiados.

La magnitud convierte al contrabando en algo muy diferente de una venta clandestina ocasional: estamos frente a una economía paralela.

El dilema del precio

Aquí aparece una de las partes más delicadas del debate. Los impuestos al tabaco son utilizados internacionalmente como instrumento de salud pública para desincentivar su consumo. Sin embargo, cuando existe una diferencia muy grande entre los precios del producto legal y el ilícito, organizaciones criminales pueden intentar explotar esa brecha.

El comité australiano considera que esta diferencia está contribuyendo al crecimiento de su mercado clandestino y por eso recomendó revisar la política tributaria. 

Pero extrapolar automáticamente esa conclusión a Ecuador sería metodológicamente incorrecto.

La extensión del comercio ilícito también depende de controles fronterizos, capacidad aduanera, persecución penal, corrupción, trazabilidad, estructuras criminales, precios relativos y capacidad institucional.

La lección útil de Australia no consiste, entonces, en copiar una determinada política.

Consiste en comprender que un problema multidimensional difícilmente puede resolverse con una sola medida.

Cuando comprar barato puede financiar algo mucho más costoso

Para el consumidor existe otra dimensión que suele permanecer invisible.

Una cajetilla ilegal puede parecer simplemente una alternativa más económica. Sin embargo, el dinero se incorpora a una cadena sobre la que existen menores posibilidades de conocer origen, trazabilidad, cumplimiento tributario o actores involucrados.

TRACIT advierte precisamente que las ganancias provenientes del comercio ilícito pueden alimentar otras actividades criminales y que estas economías representan también un problema para la seguridad pública.

Por ello, combatir el contrabando no significa defender únicamente la recaudación.

También significa proteger al consumidor, al comercio formal y a las instituciones que sostienen la economía legal.

PLAYTIP | Lo que sí podemos hacer como consumidores

Para la filosofía editorial de PlayMagazine, incluiría una pequeña sección educativa, pero sin convertirla en una guía sobre consumo de tabaco.

No normalizar lo ilegal. Un precio extraordinariamente bajo o un producto comercializado fuera de los canales autorizados puede ser una señal de procedencia irregular.

Evitar productos sin trazabilidad. La ausencia de controles implica desconocer realmente su procedencia y composición.

Denunciar el contrabando por los canales oficiales. La lucha contra los mercados ilícitos también depende de información ciudadana.

Y, sobre todo, recordar algo fundamental: ningún cigarrillo es inocuo. El hecho de que un producto sea legal no significa que sea saludable. La discusión sobre contrabando no debe diluir el objetivo sanitario de prevenir y reducir el consumo de tabaco.

Más allá de los USD 312 millones

Ecuador enfrenta una paradoja. El comercio ilegal puede ofrecer al consumidor un producto aparentemente más barato, pero trasladar un costo mucho mayor al conjunto de la sociedad: menor recaudación, competencia desleal, productos fuera de los canales regulatorios y recursos que pueden fortalecer economías criminales.

Australia demuestra, además, lo difícil que resulta recuperar un mercado una vez que las redes ilegales alcanzan gran escala.

Para Ecuador, la cifra del 83,6% debería funcionar como una señal de alerta. Porque cuando ocho de cada diez unidades de un mercado circulan presuntamente fuera de la legalidad, ya no estamos hablando únicamente de contrabando.

Estamos hablando de cuánto espacio está dispuesta una sociedad a cederle a la economía ilegal.

Lo ilegal puede parecer más barato frente al mostrador. El verdadero precio aparece cuando lo paga toda la sociedad.

Fuentes verificadas y de consulta

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